La medida responde a irregularidades en el funcionamiento de comisariatos
El Ministerio de Justicia y Paz, a través de la Dirección General de Adaptación Social (DGAS), ha dispuesto el cierre definitivo de todas las pulperías internas en los centros penitenciarios del país. Esta decisión fue anunciada mediante la circular DGAS-14-2024, fechada para el 4 de diciembre, y será efectiva de manera inmediata tras la notificación a las partes correspondientes.
Razones detrás de la decisión
Falta de marco legal y control operativo
La orden de cierre surge tras detectar que estas pulperías, conocidas como comisariatos, operaban sin respaldo normativo en el ordenamiento jurídico nacional. Según el Ministerio, no existen disposiciones legales que habiliten su funcionamiento, ni plazas asignadas a servidores públicos que permitan supervisar su operación.
Además, se señaló que estas actividades carecen de los permisos requeridos para operar como locales comerciales dentro de las instalaciones penitenciarias.
De servicio interno a negocio comercial
La revisión realizada por las autoridades reveló que los comisariatos han dejado de ser un servicio interno destinado a los privados de libertad. En lugar de ello, se han convertido en negocios comerciales que generan «jugosas ganancias», lo que contradice el propósito original de estas actividades.
Implicaciones de la medida
Suspensión de proveedores
Un día antes del anuncio, el 2 de diciembre, el Ministerio ya había suspendido el ingreso de proveedores a las pulperías bajo modalidad cerrada, anticipando la decisión final de clausura. Esto implica un cambio inmediato en el suministro de productos para las personas privadas de libertad.
Implementación y desafíos
La medida plantea interrogantes sobre cómo se suplirán las necesidades básicas de los internos que antes dependían de los productos ofrecidos en los comisariatos. Las autoridades no han detallado, hasta el momento, un plan de transición para garantizar que los privados de libertad no se vean afectados.
